Sinagogas, iglesias y mezquitas son de vital importancia para la convivencia social y la cohesión en la Unión Europea; sin embargo, han sido, y pueden llegar a ser, objetivo de posibles ataques terroristas como se ha testimoniado en el último decenio.

Esta ha sido una de las principales razones por las que se lanzó el proyecto SHIELD, financiado por el programa del Fondo de Seguridad Interior (FSI) de la Comisión Europea. Las entidades involucradas en SHIELD, entre las que se encuentra la Fundación Euroárabe de Altos Estudios con sede en Granada, tienen clara la necesidad de crear un “escudo cultural” que defienda tanto a las personas como a las comunidades religiosas ya que, cuando se habla de seguridad física de las infraestructuras, se subrayan aspectos como el ambiental, el cultural, la inclusión social y el diálogo interreligioso.

El consorcio del proyecto ha estado compuesto por dieciocho socios de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Rumanía, centros de investigación, institutos interculturales, entidades locales y securitarias e incluso asociaciones religiosas, que han tenido como objetivo común identificar y proponer soluciones concretas a cuestiones candentes de interés común, como valorar el riesgo y la vulnerabilidad de lugares de culto a potenciales ataques terroristas.

Acabar con el extremismo y proteger la libertad de culto

El establecimiento de proyectos como SHIELD promueven la comprensión mutua e incrementa el respeto, también facilitan el encuentro y la puesta en común del conocimiento, creando sinergias y, en este caso, han facilitado la elaboración de una estrategia común para la reducción de las amenazas y el incremento de la libertad de culto. Durante los dos años que ha durado el proyecto, SHIELD ha acogido diversos encuentros de diálogo con el fin de acabar con el extremismo religioso, con la coparticipación de las fuerzas de seguridad estatales, la sociedad y las empresas de seguridad y tecnología securitaria.

El acto final, celebrado en Bruselas, contó con la participación de la responsable de programa de la Dirección General de Migraciones y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Tamara Muñoz, así como de representantes de diez países europeos y de las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam). Además, se pudieron recoger ejemplares de la guía elaborada por las entidades de SHIELD (descargable aquí) con pautas para incrementar la seguridad y proteger los lugares de culto frente a la violencia y la amenaza terrorista.

La guía ha sido traducida a nueve idiomas, incluido el español y el árabe, y está destinado a líderes de las comunidades religiosas, personas responsables de seguridad, responsables políticos locales y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Recoge datos sobre las agresiones violentas sucedidas en Europa que constatan que la comunidad musulmana ha sido la más agredida entre el año 2000 y 2020, sufriendo un 48% del total de las agresiones frente al 29% de la comunidad cristiana y el 24% de la judía.

Este documento pretende, por un lado, sensibilizar sobre la prevención de la radicalización y la cuestión de la seguridad y, por otro, proporcionar orientaciones prácticas y operativas sobre las herramientas de evaluación de riesgos, las medidas técnicas de seguridad o los enfoques de mitigación tras un atentado con la prestación de servicios de apoyo a las víctimas.

La investigación continúa

Aunque SHIELD haya llegado a su fin, otro proyecto europeo, PARTES, continuará trabajando hasta abril de 2025 con el mismo objetivo. En este caso, la Fundación Euroárabe en España lidera el paquete de trabajo «Panorama de Amenazas y Respuestas», una investigación para establecer una visión general sobre los ataques a comunidades religiosas, los delitos de odio que sufren y las medidas de protección existentes, así como la identificación de buenas prácticas de cooperación entre instituciones religiosas y autoridades públicas.

El proyecto PARTES tiene como prioridades mejorar la cooperación entre las autoridades públicas y las comunidades religiosas, realizar campañas de concienciación, formaciones y seminarios, así como hacer un balance, evaluar e intercambiar las mejores prácticas y herramientas en este ámbito.